Conferencia:
“El otro 11 de septiembre o la lógica del terrorismo de estado”
Fecha: 9 de septiembre de 2011.
Dr. David Miralles
1. Explicación del título.
Por esas extrañas simetrías de la historia, el día 11 de septiembre del año 2001 se produjeron en suelo de los estadounidense, una serie de atentados terroristas que conmovieron prácticamente a todo el mundo. La inmensa importancia mediática que, con el tiempo, ha adquirido este luctuoso hecho, ha permitido olvidar aquel primer 11 de septiembre, que aunque de características diferentes, nuevamente por esas extrañas simetrías históricas, comparte una serie elementos comunes. Baste mencionar sólo dos, su carácter político y el terror.
El título de esta conferencia también nos señala una lógica del terror que emanaría del estado, tendremos ocasión de discutir este punto más adelante.
2. El terrorismo como instrumento político.
- Un estudio realizado el año 2003 por el ejército estadounidense afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo,[1] de tal manera que muchos especialistas consideran que el uso de la palabra terrorismo se ha convertido más bien en un término meramente propagandístico, para descalificar al enemigo, más que para definir un situación de forma objetiva.
- La palabra en sí tiene una larga historia, la cual naturalmente no vamos a revisar aquí por motivos de tiempo, sin embargo, debemos al menos señalar que en esta historia se abren dos vertientes. Una que se relaciona con la idea del terrorismo como defensa en contra de una autoridad tiránica, cuyos antecedentes más lejanos se remontan a la doctrina del tiranicidio y el derecho a la resistencia, es decir, el derecho que se le reconoce a cualquier persona de matar a un gobernante tirano, y que proviene de la Antigua Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la escolástica medieval europea, con los aportes de Tomás de Aquino (1225-1274) y sobre todo en la Edad Moderna, con las reflexiones del Padre Mariana (1536-1623). La doctrina del tiranicidio es considerado también uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo, y promover incluso el asesinato del rey.
- La otra vertiente, es aquella que se origina con las críticas que los monárquicos comienzan a hacer a los jacobinos durante la revolución francesa. De hecho, la palabra «terrorismo» (así como «terrorista» y «aterrorizar») apareció por primera vez en Francia durante la Revolución francesa (1789-1799), cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. Como ya lo señalamos, el término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario.
- El Reinado del Terror (1793-1794)[2], es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos.
- Maquiavelo recomendaba en su clásico libro El Príncipe (1532) que «es más seguro ser temido que amado».[3] Estas recomendaciones políticas de Maquiavelo, se relacionan con el concepto moderno de "terrorismo de Estado", aplicado a las autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población.
3. Definición de terrorismo y terrorista en las constituciones y códigos penales de algunos países.
- El Código Penal Argentino establece en su artículo 213 ter. sancionado en 2007 que sólo podrá considerarse autor del delito de terrorismo al que:
«...tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúne las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizado en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.»
- Sin embargo, en la misma Argentina, el por entonces dictador General Jorge Rafael Videla definía en 1978 los alcances del término terrorismo al declarar al Times de Londres lo siguiente:
- “Un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”
- Chile, Constitución de 1980: «Art. 9. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.»
4. El terrorismo de Estado:
La utilización, por parte de un gobierno, de métodos ilegítimos con el propósito de inducir el miedo en la ciudadanía para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, logrando así comportamientos que de ningún modo serían espontáneos. La justificación de semejante proceder suele ser la "razón de Estado".[4]
Entre las formas concretas que suele adquirir el terrorismo de Estado cabe señalar las siguientes:
- El uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, el asesinato o la ejecución extrajudicial utilizando recursos policiales, parapoliciales o paramilitares.
- Creación, en secreto, de organizaciones terroristas clandestinas paramilitares (reales o simuladas), apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución.
- Instrucción o inducción a la tropa para que actúe causando terror en la población civil del enemigo, o negativa a introducir medidas que limiten o persigan tales acciones.
- Realización abierta de operaciones militares con el mismo objetivo, que se suelen denominar "encaminadas a romper la moral del enemigo", normalmente mediante el uso de Armas estratégicas u otro armamento cuyas características produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil. Actualmente, estas operaciones se enmascaran con frecuencia aduciendo que se trata de daños colaterales, de ataques realizados contra objetivos militares legítimos, cuya relevancia, sin embargo, resulta ser insignificante en comparación con el daño o pavor sufrido por la población.
- Creación de una política de emigración que impida a la propia población el abandono del país, bajo pena de prisión o muerte, o bien la promoción del exilio personas desafectas y críticas con el gobierno.
En el ámbito de la filosofía política existe polémica con respecto a lo que constituye actos de terrorismo de Estado. Por ejemplo, se ha argumentado que los bombardeos sistemáticos sobre ciudades alemanas y japonesas durante la II Guerra Mundial por parte de la aviación británica y estadounidense, al igual que los bombardeos alemanes contra Londres y otras ciudades, podrían caber dentro de la definición de terrorismo de Estado, pero no suelen ser considerados como tal.
También se ha llegado a considerar que las organizaciones secretas financiadas por el estado y sin control democrático de los ciudadanos, como la CIA, la KGB, el Masad, el MI5 y MI6 de Inglaterra, el Grupo COLINA del Perú, la DINA y la CNI de Chile, el DGSE de Francia, el BND de Alemania, el SIS de Portugal, el SISMI de Italia y otras, han participado o participan de sabotajes, asesinatos extrajudiciales, atentados e incluso en la financiación y entrenamiento de grupos que se disponen a realizar dichas actividades. Se ha argumentado que ese fue el tipo de apoyo que se le prestó durante la guerra soviética en Afganistán a grupos islámicos (incluyendo a personalidades como Osama Bin Laden) y a los Contras nicaragüense. Según ese razonamiento, muchos de los organismos y agencias de inteligencia serían, pues, organizaciones terroristas dirigidas por el respectivo estado.
5. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y el terrorismo de estado.
No vamos a abundar aquí en las innumerables atrocidades que el gobierno militar de facto cometió a lo largo de sus 17 años de duración en Chile, lo que me propongo es más bien examinar otro aspecto, a menudo descuidado y, por lo tanto, poco conocido de su gestión política. Y tal vez sea este aspecto uno de los más singulares en relación a otras dictaduras latinoamericanas. Porque, si bien esta dictadura se distinguió ampliamente por la saña, la ferocidad y la inhumanidad en la persecución de sus enemigos políticos, su acción no se limitó a esta labor de “higiene” o “limpieza”, eliminando físicamente a comunistas, socialistas e izquierdistas y en general personas de formación liberal, incluidos muchos cristianos que adhirieron a las ideas de Salvador Allende, sino que su verdadero legado consistió en la verdadera “revolución” conservadora que emprendió tempranamente en su gestión. El verdadero legado a la posteridad del Gral. Pinochet consiste en los profundos cambios que realizó al Estado y la nación chilena.
La dictadura militar que derroca al gobierno socialista de Allende asume la conducción del país otorgándole a su función un carácter refundacional. Ello explica el desmantelamiento de casi la totalidad del Aparato del Estado, puesto que ya no era funcional a su gestión, así como también, de los Aparatos Ideológicos del Estado. En el sistema escolar: expulsión, exilio y /o asesinato de profesores, clausura de los Sindicatos y prohibición de la libertad de asociación y reunión, persecución y asesinato de dirigentes sindicales, clausura y, posteriormente, censura de la prensa, proscripción de todos los partidos políticos, con el consiguiente cierre del Congreso, cesación de las funciones del Sistema Jurídico, etc. Más aún se suspenden todas las garantías ciudadanas y se impone la autocracia y una juridicidad constituida por Cortes Marciales, puesto que se ha decretado Estado de Emergencia. Resulta muy obvio que muy tempranamente la junta militar que ha tomado el control del país se propone redefinir y rehacer el Estado y sus Aparatos Ideológicos.[5] Una nueva institucionalidad comienza a ser elaborada resultando sintetizada en una nueva Carta Magna: la constitución de 1980, cuyas consecuencias se harán sentir hasta la actualidad. (Pero ya volveremos sobre este punto, más adelante)
Una nueva discursividad comienza también desde el primer momento a adueñarse del espacio social. Desde la prensa incondicional al régimen, pasando por los salones de clases, hasta los afiches callejeros, la propaganda ideológica del nuevo orden interpela a los sujetos, cohibidos y abrumados por la violencia cotidiana: “En cada soldado hay un chileno y en cada chileno hay un soldado”[6], “Vamos bien, mañana, mejor”, etc. El régimen pretendía identificar a la sociedad civil con sus presupuestos ideológicos y con su acción refundadora. Frente a ello no había alternativas inmediatas, como no fueran la actividad clandestina y la conspiración, que en la mayoría de los casos solía conducir a la tortura, la desaparición o la muerte.
Sin embargo, la cara más visible de todos estos procesos de reforma es sin duda la instauración de una economía neoliberal que ha conducido al país a una engañosa prosperidad económica, situando a Chile, en el marco de las naciones latinoamericanas como una de las economías más sólidas. Y digo “prosperidad engañosa” por cuanto, dicha bonanza sólo alcanza a un reducido porcentaje de la población. De acuerdo a un estudio del economista Dr. Dante Contreras, Chile es una de las economías con mayor desigualdad en el mundo.[7] En su estudio demuestra que el quintil más rico de la población gana 17 veces más que el quintil más pobre. Lo que implica que sólo un 20% de la población tiene acceso a la riqueza y la prosperidad.[8] De manera que podríamos decir que Chile se encuentra demostrando que la riqueza de un país no implica necesariamente la participación en ella de sus ciudadanos, sino apenas de una reducida élite. Lo cual, francamente, es algo impresentable y obsceno.
La anterior situación se halla estrechamente ligada al carácter sumamente ideológico de la economía social de mercado o neoliberal, particularmente a la teoría del rebalse, que establece que la prosperidad económica de los individuos, de un conglomerado de ellos o de las organizaciones empresariales, se traduce luego en un beneficio social que literalmente llega en la forma de un “chorreo”, producto del éxito económico de dichas terceras personas y sin ser necesariamente premeditado. Todo esto, claro está, se inscribe dentro del marco general de las teorías del desarrollo.[9] A estas alturas, no obstante, parece haber quedado establecido que el crecimiento por sí mismo no conduce necesariamente a una buena distribución de la riqueza. De tal manera, como lo prueba ejemplarmente el caso de Chile, el axioma neoliberal es completamente ideológico y carece de un real sustento.
Ahora bien, siendo el anterior, el cambio más profundo operado por la revolución conservadora emprendida por Pinochet y sus hombres cconviene volver sobre lo que habíamos planteado sobre la violencia que el estado ejerce sobre los ciudadanos, sobre una lógica del terrorismo estatal que no se caracteriza exclusivamente por la violencia directa, sin excluirla del todo.
6. Hacia una nueva definición de terrorismo de estado.
En efecto, la violencia suele tomar diversas máscaras. La peor y más visible de todas es sin duda, la asfixia económica. La mayor parte de la sociedad chilena vive a diario esta violencia, la cual, asume además un carácter especialmente perverso debido a la incentivación del consumo, motor de la sociedad de mercado. La necesidad de acceder a la multitud de bienes que el mercado ofrece mediante incesantes campañas de publicidad, el endeudamiento mediante el crédito, el acoso posterior de las financieras con el consecuente agobio y el stress al convertirse en un individuo económicamente inviable.
El consumo llega a ser en la sociedad capitalista parte esencial de la personalidad del individuo lo que conlleva a la necesidad de grandes sacrificios en el afán de obtener reconocimiento y validación personal. La Psicología Económica reconoce en el consumo un potente mecanismo integrador y de prestigio social, que ha desplazado los procesos elaboradores de pertenencia y reconocimiento social desde el ámbito familiar y laboral a la esfera del consumo. Es por medio de la adquisición de objetos que el individuo adquiere la autoestima personal y el reconocimiento social.[10]
Sin embargo, en una sociedad en que la brecha entre ricos y pobres es tan irracionalmente alta, este afán de consumo conduce directamente al endeudamiento que es, hoy por hoy, uno de los principales problemas sociales en Chile.
La maestra en Ciencias Sociales Patricia Castañeda Meneses señala que las principales consecuencias del endeudamiento de acuerdo a los ámbitos de acción cotidiana del consumidor pueden clasificarse en:
· Ámbito Familiar: La situación de endeudamiento genera crisis dentro de la dinámica familiar, propicias para agravar conflictos en proceso o iniciar nuevos, pudiendo ocasionar resentimiento o ruptura de vínculos. Asimismo, deteriora en forma directa los niveles de calidad de satisfacción de las necesidades básicas, referidas principalmente a alimentación, vestuario y vivienda.
· Ámbito Laboral: Se identifican diversas dificultades: presión por estabilidad laboral para mantener el empleo y los ingresos mensuales que permitan amortizar deuda y/o restablecer líneas de crédito; amenaza de pérdida o pérdida real del empleo por incomodidad de empleadores, jefaturas o compañeros de trabajo respecto de presencia e insistencia de personal de empresas de cobranza; intervención de jefaturas o servicios de bienestar en préstamos para amortizar deudas o en la retención parcial o total del ingreso mensual, con el fin de ordenar gastos del trabajador, respecto a pagos financieros y gastos del hogar; y, ausentismo laboral.
· Ámbito Económico: El sistema financiero suspende líneas de crédito y de operación, invalidando la actividad productiva y de consumo cotidiano del endeudado.
Asimismo, puede identificarse una progresiva restricción social del consumidor endeudado, respecto de su medio social, el que se manifiesta en dos direcciones:
· Del medio social hacia el consumidor endeudado: La situación de endeudamiento conlleva la reprobación social, al infringirse el cumplimiento de obligaciones económicas, que llevan implícitos valores como la responsabilidad y la honradez ("pagar las deudas"). Esto, puede traducirse en una sanción implícita o explícita que se ocasiona, generalmente, el aislamiento del consumidor endeudado desde los ámbitos social, gremial, profesional o comercial, que es desde donde se construyen gran parte de las relaciones sociales hoy en día. Junto a lo anterior, se presenta la restricción del contacto con el medio financiero, el que descalifica los antecedentes del consumidor, a través de sus mecanismos de información comercial (publicación en boletín de deudores comerciales; antecedentes comerciales objetados y cierre de líneas de crédito)
· Del consumidor endeudado hacia el medio social: La sanción moral impuesta por su medio y la pérdida del acceso al consumo y por tanto al eje convocador y estructurador de gran parte de las relaciones sociales, lo aísla progresivamente de su medio, siendo complejo su restablecimiento, dado que la atención está principalmente orientada, a la situación de deterioro económico que se encuentra fuera de su control personal.
Todo lo anterior se refiere, claro está, a la situación de un consumidor aparentemente irresponsable, cosa que es obviamente muy discutible, y deja de lado otro aspecto de la angustia económica en que se debate un porcentaje importante de la sociedad, el cual se ve conminado a endeudarse para obtener un bien que en la mayor parte de los países es considerado un derecho[11] , tal es la educación. Nos referiremos a este tema en un momento.
Creo que lo expuesto hasta aquí permite comprender que la sociedad chilena actual, tal como fue rediseñada por la dictadura, es una sociedad altamente excluyente, injusta y moralmente deficiente. Este rediseño emprendido por la dictadura y sus principales intelectuales representa un enorme retroceso en todo cuanto se refiere al anhelo de una sociedad más solidaria y justa, proyectos que encarnaron figuras como los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Los derechos sociales y civiles que el pueblo había conquistado luego de grandes sacrificios y enormes luchas, fueron completamente borrados del nuevo proyecto derechista, que se encargó de instaurar un neoliberalismo avant la letre como ni siquiera en los propios EEUU se ha podido nunca realizar.
Acorde con la ideología neoliberal el tamaño del estado se redujo a sus funciones imprescindibles, abandonando en las manos de privados todas aquellas áreas que antes fueron vitales para el desarrollo del pueblo. Tempranamente en la gestión de la dictadura se vivió una fiebre de privatizaciones que tal vez no tengan parangón en la historia. Dicho en términos muy simples se acabó de raíz con el Estado de Bienestar.[12] Todo esto ha conducido a una falta de integración social y acentuar la odiosa división clasista que siempre ha caracterizado al país.
Tenemos así un estado que, a la inversa del antiguo, ejerce una odiosa coacción en los individuos que no se ven beneficiados con los logros del éxito de aquella minoría que este privilegia. El estado chileno incentiva la libre empresa y el capital financiero, manifestando, que esto es lo que traerá definitivamente el progreso para todos. Hasta la fecha esto no ha ocurrido y, probablemente, nunca ocurrirá. El estado ha desamparado a la mayoría de sus ciudadanos, favoreciendo a una pequeña élite empresarial y financiera. Ha eliminado prácticamente todo el gasto social y ha traspasado sectores tremendamente sensibles del bienestar social a manos de privados.[13]
Ante esta situación de desamparo a que se ven sometidos los ciudadanos más vulnerables, y que en este caso son una vasta mayoría, se puede hablar de un estado que ejerce el terror de maneras, tal vez más sofisticadas y no directas, pero que son la consecuencia de un terror originario, el de la dictadura pinochetista, que dejó atadas de manera prácticamente indisoluble innumerables leyes y disposiciones que, en su ceguera ideológica, motivada en gran medida por su odio al socialismo, han modificado de manera radical todos los proyectos de emancipación humana que alentaron los líderes del pasado. Este terror, también explica, en parte, el hecho de que los partidos agrupados bajo el nombre de Concertación, siendo, al menos nominalmente, partidos progresistas, jamás se atrevieron a mover nada esencial del orden pinochetista en los veinte años que ejercieron ininterrumpidamente el poder. La constitución del 80 es una constitución que establece la extraña y retorcida figura de una “democracia protegida”. En teoría, esta protección se refiere a la exclusión de movimientos o partidos totalitarios como el Comunismo y el Nazismo, pero en la práctica dicha protección es la protección de unos intereses ideológicos inamovibles y ni siquiera tiene un asidero en la realidad.[14]
De manera que el terror que ejerce el estado, dada su actual configuración, es palpable en innumerables aspectos de la vida social del país. Los ciudadanos chilenos actuales, especialmente los más jóvenes, parecen estar sacudiéndose dicho terror y han comenzado a plantear demandas que para cualquier gobierno, ya sea este de derecha o de la concertación, resultarían exorbitantes. Exorbitantes porque constituyen demandas que desconocen y refutan los presupuestos ideológicos en los que el funcionamiento de la nación descansa y que no ha sido cuestionado esencialmente por nadie perteneciente al establishment político. Estas demandas multitudinarias coinciden con el más absoluto desprestigio de la clase política.
7. El movimiento estudiantil y su lucha actual por una educación gratuita.
Actualmente se está desarrollando en Chile un levantamiento estudiantil que no tiene precedentes cercanos en el tiempo. El movimiento ha mantenido su activismo a lo largo de más de tres meses sin que parezca dar signos de desgaste. El apoyo ciudadano a este movimiento ronda en alrededor de un 80%, de manera que su legitimidad social está más allá de cualquier duda. Pero, ¿Qué piden los estudiantes? Aparentemente algo muy simple y que en el contexto de cualquier otro país latinoamericano resulta hasta extraño. Los estudiantes chilenos piden simplemente educación gratuita. Exigen lo que se considera en buena parte del orbe un derecho. Un derecho que aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Pactos Internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales. No están, aparentemente, exigiendo nada del otro mundo, salvo por el pequeño detalle de que en Chile, si no tienes dinero no puedes ejercer ese derecho. Y cuando hablamos de dinero, no estamos hablando de 3 pesos.
La OECD -organización que reúne a más de 30 países desarrollados y a algunas naciones invitadas- emitió un informe que deja al sistema universitario chileno como uno de los seis más caros del mundo. Y también, en donde el aporte monetario de las familias para la educación terciaria de sus hijos alcanza uno de los más altos niveles.
El estudio analizó los mecanismos de financiamiento de 24 países. En el caso chileno, el costo promedio de una carrera universitaria es de US$ 3.140 al año. Una cifra que -según la OECD-[15] coloca a Chile en segunda categoría entre las naciones con mayor nivel de aranceles. La primera, sin duda, la ocupa solo Estados Unidos, con poco más de US$ 5 mil al año. En el rango chileno, la OECD también ubica a Australia, Canadá, Japón y Corea. En todos estos países, el costo de los aranceles fluctúa entre los US$ 3 mil y US$ 4 mil. En una tercera categoría se ubican los sistemas universitarios de Inglaterra e Israel, cuyos aranceles promedio van desde los US$ 2 mil a los US$ 3 mil. En la tercera, Italia, Nueva Zelanda y Holanda, con costos entre US$ 1.000 y US$ 2 mil. Más abajo están Austria, Bélgica, España, Francia, Turquía, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia y Suecia, con menos de mil dólares al año. La medición fue hecha en dólares PPP -Poder Paridad de Compra- que reajusta los valores para hacerlos comparables.
Australia, con un arancel promedio 700 dólares superior al chileno, tiene a ocho de sus universidades entre las 100 mejores del mundo, según el último ranking Times. Canadá (US$ 3.464) tiene a seis y Japón (US$ 3.920) a cuatro. E Inglaterra, cuyo arancel promedio es casi US$ 1.300 menor que el chileno, tiene a 19. El primer plantel chileno en aparecer en este listado, sin embargo, es la Universidad Católica que está en el puesto 239.
Chile presenta también uno de los mayores niveles de privatización de la enseñanza superior, tanto a nivel de matrícula -el 75% de los alumnos estudia en una institución privada- como de fuentes de financiamiento. Según el estudio, el 85% del gasto que realizan las universidades en sus alumnos se financia con el aporte de los hogares.
Sin embargo, uno de los grandes fracasos de la educación chilena es que no ha podido revertir la precariedad social y, en consecuencia, es un espejo de la situación social. Es decir, dejó de ser un instrumento eficaz para reducir la desigualdad.
Las cifras son claras y hablan por sí solas. Y en este contexto las demandas de los estudiantes parecen absolutamente justas.
Pero el reclamo de los estudiantes tiene implicaciones mucho más profundas. Sus demandas atacan el corazón mismo del sistema legado por la dictadura. En la visión de la mayoría del establishment político, sea este de izquierda o de derecha, la educación hace ya mucho que dejó de ser considerada un derecho, se la concibe derechamente como un bien, como una mercancía por la que hay que pagar. En este escenario las exigencias de los estudiantes chilenos resultan exorbitantes. No se trata de que no haya recursos para financiar una demanda de este tipo. Hace 35 años el país era mucho más pobre y la educación era gratuita hoy se exhiben índices macroeconómicos tremendamente superiores a los del pasado y la educación la deben financiar las propias familias, eso sí, a costa de endeudarse con créditos que tardarán en pagar toda una vida. Sin embargo, lo que está en juego no es el dinero; lo que está en juego es el sustento ideológico de un sistema político y económico impuesto mediante el terror, el cual, consecuentemente, sigue generando terror y violencia. Si el gobierno actual, representante de la derecha económica e ideológica, cediera ante estas exigencias, representaría para éste, la peor derrota imaginable, la derrota de sus principios. Para la ciudadanía, en cambio, significaría el principio de la liberación definitiva de una dictadura ominosa que hasta la fecha irradia la violencia de la injusticia. Marcaría el momento, vaticinado por Allende en su hora más oscura, el momento en que “se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”[16]
MUCHAS GRACIAS
NOTAS
[1] Walter Laqueur, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, New York: Oxford University Press, 1999, p. 6.
[2] El reinado de Maximilien de Robespierre. El número total de víctimas durante el Reinado del Terror llegó a 40.000
[3] Maquiavelo, El Príncipe, Cap. XVII: «De la crueldad y la clemencia; y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado».
[4] Estrictamente hablando, la razón de Estado es un término empleado a partir de Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de que la pervivencia de dicho Estado es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos.
[5] Este concepto pertenece a Althusser y se halla expuesto en “Ideologie et Appareils idéologiques d’Etat“en La Pensée N° 151 Junio de 1970, Paris. Hay traducción española bajo el título de “Ideología y aparatos ideológicos del estado”, Ediciones Quinto Sol, México D. F. 1987.
[6] José Rodríguez Elizondo “Claves para descifrar a un guerrero” Prólogo a Ego Sum de Raquel Correa Y Elizabeth Subercaseaux. Entrevista en profundidad al general Augusto Pinochet.
[7] Dante Contreras. Distribución del ingreso en Chile. Nueve hechos y algunos mitos. Perspectivas.
[8] En efecto, en Chile el 20% más rico de la población recibe 17 veces más ingresos que el 20% más pobre. Por contraste, en los Estados Unidos esta misma relación alcanza a 8.9 veces; y en Perú y Corea del Sur estas relaciones alcanzan a 10.5 y 5.7 veces, respectivamente (PNUD, 1995). Resultados similares se presentan en un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1998).
[9] Jesús Antonio Bejarano. Teorías y modelos del desarrollo. Papel Político Nº 14 septiembre de 2002 (25-36)
[10] Descouvieres, Carlos. Psicología Económica. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 1998
[11] Y así lo fue también en el Chile pre-dictadura.
[12] Estado del bienestar (en inglés welfare state) es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país.
[13] Como es el caso de las AFPs (Administradoras de fondos de pensiones), las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional) y la educación.
[15] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). http://www.oecd.org/
[16] Último discurso de Allende, emitido por radio Magallanes, el día 11 de septiembre de 1973, durante el bombardeo al Palacio de la Moneda.
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